El cambio de paradigma revelado por el proyecto de ley sobre universidades del Estado

Por Davor Harasic, Decano Facultad de Derecho Universidad de Chile

Las universidades estatales no son expendedoras de títulos y grados académicos. Son los espacios en que la comunidad valora y piensa lo público como en pocos lugares de nuestro país. Éste es el sello que las distingue: la misión de contribuir a la satisfacción de las necesidades e intereses generales de la sociedad participando de la construcción del proyecto nacional, como condición necesaria. Otras universidades no tienen –y probablemente tampoco pueda exigírseles bajo la lógica de un sistema mixto de educación– una misión necesariamente armónica con el interés público, con el desarrollo de una democracia participativa y con la formación de ciudadanos virtuosos, no obstante puedan voluntariamente aspirar a ello.

Una de las propuestas valorables del proyecto de ley sobre universidades del Estado –nada dice respecto de institutos profesionales o centros de formación técnica–  impulsado por el gobierno, es la comprensión del rol que el Estado debe asumir con las universidades estatales, explicitándose el compromiso y responsabilidad de éste con sus instituciones universitarias en cuanto a fomentar y garantizar su calidad bajo criterios de excelencia, equidad territorial y pertinencia de la oferta académica según las necesidades e intereses del país.            

Sin embargo, queda pendiente la respuesta a cómo se materializará esa responsabilidad, más allá del financiamiento. El proyecto de ley únicamente señala que es deber el Estado, en primer lugar, fomentar la excelencia de todas sus universidades y, en segundo lugar, promover una visión y acción sistémica, coordinada y articulada en el quehacer de sus universidades, con el fin de facilitar la colaboración de estas instituciones de educación superior en el diseño e implementación de políticas públicas y proyectos de interés general. En ese sentido se echa en menos explicitar la forma en que se concretará la voluntad del Estado de ejercer el rol propuesto, sin perjuicio de la autonomía de las universidades estatales en cuanto a su gobernanza, institucionalidad, planes y programas de estudio y líneas de investigación. De no establecerse claramente el modo en que el Estado se responsabilizará por la ejecución de su deber, el compromiso que pretende adquirir será poco más que una declaración de buenas intenciones.

Ahora bien, uno de los aspectos más preocupantes del proyecto de ley, radica en que, a pesar de señalar que “las Universidades del Estado gozan de autonomía académica, administrativa y económica”, propone una regulación abiertamente contraria a dicha declaración, pues permite al Poder Ejecutivo intervenir la universidad a través del denominado Consejo Superior, máximo órgano colegiado de la institución, al que le corresponde “definir la política general de desarrollo y las decisiones estratégicas de la institución”.

No hay lugar a dos interpretaciones. El proyecto de ley del gobierno atenta enérgicamente contra la institucionalidad de las universidades estatales y en particular contra la Universidad de Chile, permitiendo que la mayoría de los miembros de este consejo, sean personas externas a la universidad, posibilitando su intervención en la formación de los estatutos universitarios, en el Plan de Desarrollo Institucional, en las políticas financieras y la contratación de empréstitos señalados en las pautas anuales de endeudamiento, en el presupuesto y sus modificaciones, en la enajenación o el gravamen de activos de la Universidad cuando correspondan a bienes inmuebles o a bienes que hayan sido previamente declarados de especial interés institucional, en conformidad con los procedimientos que defina cada institución en sus estatutos, en la ejecución de auditorías internas, en nombrar a la máxima autoridad de la Contraloría Universitaria y aprobar su remoción y en la propuesta de remoción del Rector o Rectora.

¿De qué autonomía estamos hablando? ¿Qué papel relevante jugará quien fuere democráticamente electo/a como Rector/a en el futuro de una universidad, que supuestamente le corresponde dirigir? ¿Qué rol le cabrá al Senado Universitario?

Considerando que las universidades, especialmente las estatales, son aquellas instituciones de educación encargadas de producir y reproducir conocimiento, arte y cultura en un nivel superior, es imperiosa la necesidad de resguardar su autonomía, de modo que sean libres de todo interventor que eventualmente pretenda valerse de ellas para fines distintos al de contribuir, mediante el uso de la razón, a producir y reproducir conocimiento, arte y cultura. Que parte relevante del máximo órgano colegiado de la institución sea susceptible de estar conformada por agentes externos a la universidad, pudiendo tres de ellos ser determinados por el/la Presidente/a de turno, significa atentar severamente contra uno de los presupuestos básicos de toda universidad que tenga como objetivo pensar lo público, lo colectivo y lo político.

A pesar de tales alarmantes propuestas, el paso que ha dado el ejecutivo al presentar este proyecto de ley refleja –hay que reconocerlo- un esfuerzo por cambiar el paradigma de la educación en Chile, un tránsito desde la interpretación de la libertad constitucional de enseñanza bajo el principio de subsidiariedad, hacia la declaración de la educación como derecho; desde la idea que la educación estatal sólo debe existir allí donde no puede existir la privada, hacia la voluntad de fortalecer el rol del Estado en la educación pública; desde la comprensión de la educación como bien de rentabilidad privada en que el estudiante-consumidor obtiene un título o grado tendiente a que éste se desarrolle como individuo y sirva a sus intereses particulares, hacia el entendimiento de la educación como instrumento de progreso y encuentro que alienta la participación ciudadana y el interés de los estudiantes por la comunidad.

Bajo ese orden de ideas no es extraño que el Estado formalmente distinga universidades estatales del resto, en base a criterios de naturaleza jurídica, propiedad, misión y principios formativos. Ello necesariamente define su regulación y financiamiento, toda vez que la creación y mantención de universidades estatales no depende de la voluntad de entes privados, sino que del Estado que por definición tiene el deber de defender y promover el bien común.

Las universidades estatales no son susceptibles de tener agenda propia en favor de los intereses de un grupo determinado de privados. Las universidades estatales se rigen por principios que sirven al proyecto nacional de una sociedad de cara al siglo XXI, como son educación laica, pluralismo, equidad, colaboración, libertad de pensamiento y expresión, todos los cuales en definitiva orientan la educación impartida de un modo que beneficia al país. En ese sentido las universidades estatales deben ser el referente para el resto de las instituciones de educación superior, y el Estado tiene el deber de velar por la excelencia de aquellas que pretenden, más allá de su misión, ser el ejemplo a seguir de las demás.

Quienes alegan una discriminación arbitraria en el trato que el Estado pretende dar a universidades estatales obvian que la sociedad que puede llegar a instalar un modelo competitivo de educación es distinta de aquella que se construye bajo la lógica de una educación pública que tiene como finalidad contribuir al desarrollo y progreso de la sociedad. En otras palabras, el sistema de educación superior -entendido como el encargado de producir y reproducir conocimiento, arte y cultura en un nivel superior- y en particular el contenido del derecho a la educación, es siempre demostrativo de un determinado proyecto de sociedad. La pregunta por la educación estatal pública es la pregunta por quiénes queremos ser.