Sobre las universidades y su autonomía

Por Fernando Atria. Académico Facultad de Derecho, Universidad de Chile.

Aunque (o quizás precisamente porque) todos los que participan en la discusión sobre educación superior y especialmente sobre la universidad dicen que una de las cuestiones centrales es la de salvaguardar adecuadamente la autonomía universitaria, la discusión ha sido especialmente vacía. Lo que muestra que es una discusión vacía es que sus participantes usan conceptos no solo distintos sino opuestos de autonomía sin alcanzar a darse cuenta de que lo están haciendo. Es como si fuera una discusión sobre si los bancos son fríos y unos estuvieran hablando de instituciones financieras y otros del mobiliario de las plazas públicas, y llevaran algún tiempo discutiendo sin darse cuenta de esto. Uno se preguntaría cuál es la atención con la cual cada uno escucha al otro si no alcanzan siquiera a darse cuenta de que hablan de cosas distintas.

Dos conceptos de autonomía

¿Qué es la autonomía universitaria? Comencemos distinguiendo dos conceptos de autonomía, que por ahora llamaremos “general” y “especial”.

En su comprensión general, la autonomía universitaria no tiene (como lo indica su nombre) nada de especial, y es solo aplicación, al caso de la universidad, de la libertad general que la propiedad asegura al dueño, o de la autonomía genérica que la Constitución garantiza a los “cuerpos intermedios”.

En una comprensión especial, por otro lado, la autonomía universitaria es propia de la universidad en atención al tipo peculiar de institución que es la universidad. Es decir, se trata de una cuestión específicamente universitaria, que no aparece en otras esferas o actividades, y es aplicable a la universidad por ser universidad, con independencia de que sea o no lo que la Constitución llama un “cuerpo intermedio”. La idea aquí es que la universidad es una comunidad ordenada a fomentar y cultivar la investigación y el desarrollo del conocimiento mediante el uso de la razón, lo que tiene como condición su autonomía de toda interferencia que pretenda utilizarla como instrumento para un fin distinto al de contribuir, mediante el uso de la razón, a la producción y transmisión del conocimiento.

Es importante notar que estas dos comprensiones de la autonomía son excluyentes entre sí (por eso nótese que al llamar “general” a una y “especial” a la otra no estoy sugiriendo que hay entre ellas una relación de género a especie, sino que la segunda es un concepto específicamente relacionado a la universidad, mientras la primera no lo es). Si la autonomía es especial, será una característica de la institución universitaria y en principio solo de ella, y la protegerá de toda interferencia exógena. Pero si es autonomía general, entonces no será un derecho o garantía de la universidad sino de su dueño o controlador. Lo que muestra que estas son dos nociones contradictorias de autonomía es que un acto que constituye legítimo ejercicio de una autonomía es al mismo tiempo violación de la otra.

En efecto, si es autonomía universitaria (especial), la decisión de una autoridad eclesiástica de prohibir a un profesor de teología enseñar en una universidad católica es claramente una “interferencia exógena”, una violación de la autonomía universitaria; si es autonomía (general) del dueño o controlador a hacer con su cosa lo que desee, la misma decisión de esa autoridad es ejercicio de la autonomía.

No distinguir estos dos conceptos de autonomía hace a la comunicación imposible, porque ésta no puede salir del intercambio de palabras que no significan nada, que son meros ruidos. Profesores de derecho constitucional de la Universidad del Desarrollo han sostenido, con ese gusto por la exageración que hace tan difícil el diálogo racional, que el proyecto de ley educación superior “constituye un golpe mortal para la autonomía universitaria en Chile”. Pero ellos en ningún momento aclaran qué es la autonomía universitaria, y oscilan entre ambos contradictoriamente. En efecto, ellos sostienen que hoy, la autonomía universitaria es la piedra angular de los sistemas universitarios alrededor del mundo. Sean instituciones públicas o privadas, nadie duda de que dicha libertad es una condición sine qua non para su funcionamiento, y para que su contribución a la sociedad y a la democracia sea vigorosa y efectiva. Más claro aún: no existe una universidad de excelencia que a la vez no sea sustancialmente autónoma.

En Chile, la autonomía universitaria aparece garantizada en el artículo 1° de la Constitución, el cual asegura a estas instituciones la “adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos”.

Esto suena bien, porque usa palabras que parecen importantes. Pero no tiene sentido, y es contradictorio. Primero afirman que la autonomía es un atributo de las universidades “públicas o privadas”, e insinúan que sería algo propio de las universidades (“no existe una universidad de excelencia que a la vez no sea sustancialmente autónoma”).

Pero a continuación explican la autonomía por referencia a la protección constitucional de los cuerpos intermedios, y asumen sin más que todas las universidades son tales cuerpos. De nuevo, esto suena bien, hasta que uno nota que, si la expresión “cuerpos intermedios” (intermedios, es decir, entre el Estado y el individuo) tiene algún sentido, no puede aplicarse a órganos del Estado que son creados por ley, como las universidades estatales. Es decir, los autores se mueven sin notarlo desde una comprensión de la autonomía en que ella es (a) una aplicación de la idea más general de la autonomía de los cuerpos intermedios, que entonces vale para todo cuerpo intermedio, pero solo para los cuerpos intermedios; más adelante la fundan de otro modo, sosteniendo que ella “forma parte de la esencia de tal libertad [de enseñanza]”, por lo que la tendrían en igual medida todos los establecimientos educacionales, de todo tipo y nivel. Pero creen que esto es compatible con decir que (b) la autonomía importa incluso respecto de las universidades estatales, lo que hace imposible entender que ella es manifestación de la autonomía de los cuerpos intermedios y tampoco puede ser libertad de enseñanza, porque los órganos del Estado no pueden tener derechos fundamentales en contra del Estado.

La contradicción entre (a) y (b) es evidente: si la idea de autonomía universitaria ha de alcanzar (como de hecho lo hace) a las universidades estatales, tiene que tratarse de una autonomía específicamente universitaria, es decir, una autonomía que las universidades estatales tienen no por ser sujetos de derechos fundamentales (no lo son) sino por ser universidades. Pero la discusión constitucional hoy día reconoce estándares argumentativos tan poco exigentes que es posible defender una posición manifiestamente contradictoria descansando en la manera (grata) en que suenan expresiones como “autonomía” o “cuerpos intermedios” o “libertad de enseñanza”.

Adicionalmente, los profesores sostienen que la autonomía protege a la universidad “de las interferencias regulatorias exógenas, particularmente las que provienen del poder político de turno o las que impone la ‘jaula de hierro’ de la burocracia estatal”. Esta frase es exquisitamente ambigua. Porque si se trata de autonomía (general) de los cuerpos intermedios, de la propiedad, entonces la protección que ofrece no es “particularmente” respecto del Estado, sino precisa y únicamente respecto del Estado: ese, después de todo, es el sentido de garantía de los derechos constitucionales. Pero si se trata de autonomía universitaria, entonces es efectivamente protección contra cualquier interferencia exógena, provenga del Estado o no. Entonces ninguno de los dos conceptos permite decir que la protección es “particularmente contra de la intervención del poder político de turno”. De nuevo, la intervención del arzobispo de Santiago en la Universidad Católica sirve como un buen test para determinar de qué autonomía estamos hablando: en un caso es ejercicio de autonomía, en el otro es atentado contra la autonomía.

Es importante quedarse con esta idea: si lo que realiza una autonomía es violación de la otra, no queda sino concluir que los dos conceptos no son solo distintos, son antónimos. Y uno puede bien preguntarse qué tipo de discusión sobre universidades estamos teniendo si en ella se usan como sinónimos términos antónimos sin que quienes discutan se den cuenta.

Sobre la universidad pública

Cuando alguien dice que es tan importante defender y proteger la autonomía universitaria, entonces, ¿de qué está hablando? Cuando alguien asiente a esa afirmación, ¿a qué está asintiendo? Para comenzar a responder esta pregunta podríamos preguntarnos de quién es la autonomía, qué es aquello de cuya autonomía se trata. Si la respuesta es “(de) la universidad”, estamos hablando de autonomía universitaria (especial); si la respuesta es “(de) el dueño o controlador”, estamos hablando, no de autonomía universitaria sino del poder que (en general) la propiedad sobre las cosas da al dueño.

Como puede observarse, la pregunta por la autonomía lleva a la pregunta por la propiedad. Y la pregunta por la propiedad lleva a la consideración de la universidad pública y lo público en la universidad, porque lo público es, precisamente, lo que carece de dueño. En este sentido, que algo carezca de dueño quiere decir que no está sujeto a las condiciones de la propiedad privada, porque no está sometido al régimen de la propiedad privada: las calles y las plazas son públicas, pero no los centros comerciales. ¿Por qué? Porque las reglas que se aplican a los usuarios de las calles y plazas han sido dictadas por la autoridad pública competente, cuyo deber es hacer posible y beneficioso el uso de todos. Por cierto, las reglas que miran al interés público beneficiarán a algunos intereses privados sobre otros, pero lo determinante es el interés público.

En el caso del centro comercial la situación es exactamente la contraria: el dueño puede decidir el horario de apertura y el decorado, y al hacerlo no tiene ni siquiera en principio el deber de atender al interés de los usuarios. De hecho, por ejemplo, puede decidir sobre la decoración y la música de modo de maximizar la disposición del usuario a consumir, no porque crea que va en el interés del usuario consumir, sino porque eso es lo que a él le conviene. Por cierto, al tomar esas decisiones tomará en cuenta el interés del público que concurre al centro comercial, pero secundariamente, para identificar correctamente el modo de servir su interés privado.

Solo un ingenuo que se niega a mirar las cosas como realmente son podría ver en lo anterior una “demonización” del centro comercial o la propiedad privada. Quienes defienden el modelo universitario actual de mercado buscan convencernos de que no hay tensión alguna entre el mercado y lo público, y para eso descartan intentos como los anteriores, alegando que ellos asumirían, como lo dice José Joaquín Brunner en un libro reciente, que el mercado “es la causa de todos los males [y que para evitarlo] hay que recurrir al Estado, que es lo público, que es lo general, que es lo solidario, que es lo fraternal, que es lo bondadoso, que es lo no egoísta” (aquí, p. 144).

Todo esto carece de sentido, y no es sino una manifestación más de la caricaturización que hace imposible la discusión pública. En reemplazo de todas las sandeces que enumera Brunner, basta decir: lo público es lo que no tiene dueño, porque no está sometido al régimen de la propiedad privada. Cuando se trata de una universidad pública, nadie tiene las potestades que, por ejemplo, el arzobispo de Santiago tiene (y ha ejercido) respecto de quiénes pueden enseñar en la facultad de Teología de la Universidad Católica. Hay algo especialmente sugerente en el hecho de que en Chile el que defiende lo público como lo que no está sujeto al control del dueño queda expuesto a ser caricaturizado y ridiculizado del modo en que Brunner lo hace. Porque en Chile el modelo neoliberal ha llevado a una extraordinaria concentración del poder económico. Pero los poderes económicos que tienen la legitimidad que otorga la propiedad privada no se conforman con eso, quieren además reclamar para sí la legitimidad de “lo público”.

Una comprensión invertida de lo público

Y esto además se manifiesta de una forma invertida que resulta irónica. Porque esta idea de que lo público es lo que no está sujeto al derecho de propiedad, y por consiguiente no tiene dueño, implica que la forma de gobierno de las universidades estatales debe estructurarse de un modo no propietario, es decir de un modo que niegue o al menos haga improbable que alguien use a la universidad como si fuera una cosa de su propiedad. Pero como bajo el neoliberalismo, que niega la noción de lo público, todo esto es entendido invertidamente, ahora resulta que las universidades estatales son las que son de propiedad del Estado. El propio Nicolás Eyzaguirre, de hecho, explicaba, cuando era ministro de educación, que las universidades estatales eran importantes porque la relación entre el Estado y sus universidades era la relación entre “el mandante y el mandado”. El proyecto de universidades estatales descansaba en esta comprensión invertida de Eyzaguirre; y por eso, dado que las universidades estatales iban a ser fortalecidas, la contrapartida debía ser aumentar el control del mandante sobre las “mandadas”. Esto asumió la forma de una estructura de gobierno que afectaba severamente la autonomía universitaria en el caso de las universidades estatales. Aquí se manifiesta una comprensión invertida de lo público, en que lo público es lo que es de propiedad del Estado, por lo que el Estado debe tener lo que el dueño tiene respecto de su cosa: control. Si esto es así, la idea de universidades pública es esencialmente incompatible con la idea de autonomía universitaria.

Esto no refleja un problema en el concepto de universidad pública, sino muestra la grosera inversión de las cosas que se produce cuando las cosas se piensan desde las categorías neoliberales. Para poner en su lugar lo que hoy se nos aparece como invertido, debemos distinguir la autonomía universitaria de la autonomía que la propiedad da al dueño, de modo de insistir que, en lo que se refiere a la universidad, solo la primera es la que importa.